Razón Por La Que Los Políticos De Massachusetts Viajarán A Centroamérica

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Viajaremos con el congresista de los EE. UU., Jim McGovern, y el Fiscal de Somerville, Joseph Curtatone, a Honduras y El Salvador, esta semana, cuando se reúnan con abogados de inmigración, en lo que se describe como una misión de investigación. El grupo está enfocado a construir defensa legal y legislativa para los centroamericanos que buscan asilo en los EE. UU., así como también para los titulares del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés).

Existen aproximadamente 7000 titulares del TPS de Honduras y El Salvador viviendo en Massachusetts. El programa humanitario Federal permite que ciertos inmigrantes vivan temporalmente en los EE. UU., sin temor a la deportación, luego de desastres naturales, epidemias de salud pública o guerra civil en su país natal.

El Salvador se convirtió en elegible para el TPS luego de una serie de terremotos en 2001, mientras que Honduras recibió la designación de TPS luego de ser atacada por un huracán descomunal en 1998. El estatus temporal de cada uno de estos países fue renovado de forma rutinaria por las administraciones previas. Este año, la administración Trump anunció que el programa será cancelado para ambas naciones. El TPS para El Salvador vence en septiembre de 2019, y Honduras pierde la designación TPS en enero de 2020.

El Gobierno Federal dio instrucciones a los titulares del TPS, de estos países, a explorar otros medios legales de permanecer en el país o a preparase dejar los EE. UU. cuando venza su estatus temporal. Los abogados de los inmigrantes han argumentado que suspender el TPS para estos países implicará separar a los padres de sus hijos nacidos en EE. UU. Argumentan que suspender la autorización para trabajo legal de los titulares del TPS tendrá consecuencias financieras graves para los negocios y los propietarios, algunos de los cuales han vivido legalmente en los EE. UU. por más de una década.

Los abogados de Boston presentaron una demanda a principios de año, alegando que la decisión de la administración Trump, de suspender el TPS para El Salvador, Honduras y Haití, se basó en el racismo y no en los requisitos normativos. El gobierno federal solicitó que el caso fuese desestimado, pero un juez de la corte federal de Boston accedió a considerar la demanda. Los abogados deben regresar a la corte en septiembre.

La delegación se reunirá con funcionarios de los gobiernos hondureño y salvadoreño, así como también con representantes de la Embajada de EE. UU., para discutir las condiciones sobre el terreno, y el impacto que estas condiciones tendrían sobre los patrones de migración a los EE. UU.

"Es vergonzoso y profundamente perturbador ver a la administración Trump suspender el TPS para los salvadoreños y los hondureños. Su decisión se hace de la vista gorda ante el compromiso de Estados Unidos, desde hace décadas, de ayudar a los individuos y familias que no pueden regresar a su lugar de origen debido a conflictos, violencia , y desastres," dijo el congresista McGovern en una declaración. "Además, amenaza nuestra seguridad nacional al ignorar problemas graves como la violencia de pandillas y de género, que siguen siendo una plaga en países como Honduras y El Salvador."

La violencia de pandillas ha sacado de sus hogares a muchos hondureños y salvadoreños. Estos países tienen unas de las más altas tasas de homicidios y feminicidios (violencia dirigida a la mujer) del mundo. La historia de guerra civil e inestabilidad política de la región ha dejado vacíos de poder que han sido llenados, frecuentemente, por las pandillas locales. La Mara Salvatrucha, o MS-13, ha incrementado su perfil mundial en los últimos años; Trump ha descrito a los integrantes de las pandillas como «animales», y el Fiscal General de los EE. UU., Jeff Sessions, ha prometido, en Boston, "cazar" a los integrantes de la MS-13 y deportarlos de regreso a Centroamérica.

Actualmente, la MS-13 tiene sus raíces en Los Ángeles, a donde migraron comunidades salvadoreñas, en la década de los 80 y principios de los 90, en busca de seguridad en tiempos de la guerra civil de su país de origen. Los expertos en pandillas, con frecuencia dicen que la MS-13 se originó como un grupo de "autodefensa" fundado por salvadoreños que vivían en Los Ángeles, para aislarse y protegerse a sí mismos. Un cambio en las políticas migratorias de EE. UU. en 1996 facilitó la deportación de los inmigrantes por delitos menores como el hurto. Esto hizo posible las deportaciones de integrantes de la MS-13 de regreso a El Salvador, un país al que no llamaban hogar desde la niñez.

Al viajar a El Salvador y Honduras, los integrantes de la delegación de Massachusetts esperan reunirse con familias afectadas por la violencia generalizada que se entreteje en la vida diaria de estos países centroamericanos vecinos. También planeamos encontrarnos con familias que aún esperan reunirse con sus hijos, después de haber sido separados en la frontera de los EE. UU., como resultado de la política Trump, que el presidente lanzó hace más de un mes, luego de críticas bipartidistas generalizadas.

El amplio tema de la inmigración ha sido central en la presidencia Trump y sigue provocando una acalorada retórica en los bandos contrarios del debate. La semana entrante, les presentaremos perspectivas e historias de dos de los países más íntimamente entrelazados en este momento político.